Periodistas mexiquenses denuncian intimidación tras “secuestro fingido” de alcaldesa en Tenancingo

La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” está prendiendo las alarmas por un intento de criminalizar a comunicadores en Tenancingo. Todo empezó con citatorios que la policía municipal lanzó el 2 de junio contra cuatro periodistas de “La Madeja Política de Tenancingo”: Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez.

¿La razón? Una carpeta de investigación (la 275/2026) que los acusa de violencia digital, hostigamiento e incluso daño a la reputación de la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco. Según la denuncia, las publicaciones de estos periodistas —que incluyen sarcasmo e ironía— son críticas legítimas sobre temas como obra pública, transparencia y presunto nepotismo.

Lo más loco: la alcaldesa habría fingido un secuestro, que luego usó para pedir una reparación de daño de 125 mil pesos por cabeza, argumentando que las publicaciones la revictimizan. Además, pidió a la gente que no comentara ni difundiera nada sobre su administración en redes, lo que suena a censura directa.

Este caso abre un debate clave: ¿dónde queda la libertad de expresión cuando se trata de figuras públicas? Los periodistas insisten en que su trabajo es investigación y escrutinio público, y piden a las autoridades que garanticen su seguridad y eviten criminalizar su labor.

Esto es lo que necesitas saber: en un contexto donde la prensa debe ser libre para cuestionar a los poderosos, estas acciones parecen más un intento de silenciar voces incómodas que una defensa legítima del honor público. Y mientras tanto, la discusión sobre cómo proteger a quienes informan sigue más vigente que nunca.